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Ley 3266
Evaluacion de impacto ambiental

SANCIONADA: 16/12/98
PROMULGADA: 07/01/99 - DECRETO NUMERO 6
BOLETIN OFICIAL: NUMERO 3642
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO SANCIONA CON FUERZA DE LEY
SUMARIO
TITULO I
OBJETO Y PRINCIPIOS
Artículo 1º) La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental como instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio de la
provincia a los fines de resguardar los recursos naturales dentro de un esquema de desarrollo
sustentable, siendo sus normas de orden público.
Artículo 2º) Para la consecución del objeto, la provincia y los municipios garantizarán que en la
ejecución de sus actos de gobierno y de la política económica y social, se observen los
siguientes principios:
a) El uso y aprovechamiento del ambiente y de los recursos naturales debe ser realizado de
forma tal de no producir consecuencias dañosas para las generaciones presentes y futuras.
b) Los ecosistemas y sus elementos integrantes deben ser utilizados de un modo integral,
armónico y equilibrado, teniendo en cuenta la interrelación e interdependencia de sus factores y
asegurando un desarrollo óptimo y sustentable.
c) El ordenamiento normativo provincial y municipal en sus actos administrativos deberán ser
aplicados con criterio ambiental, conforme con los fines y objetivos de la presente ley.
d) Se deberá utilizar un enfoque científico ínter y multidisciplinario al desarrollar actividades
que, indirecta o directamente, puedan impactar al ambiente por parte de los organismos
públicos.
e) El derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que
constitucionalmente tienen los habitantes de la Provincia de Río Negro.
TITULO II
ALCANCES
Artículo 3º) Estarán sujetos a los términos de la presente ley, los proyectos, obras o acciones
relacionados con:
a) La construcción de obras para la generación de energía hidroeléctrica, térmica, solar, eólica
o nuclear, así como también los respectivos transportes, tratamientos, depósitos y cualquier
otra actividad y/o gestión referida al manejo de residuos y materiales propios de la actividad.
b) La prospección, exploración, extracción, transporte e industrialización de hidrocarburos y sus
derivados, instalaciones para la gasificación y licuefacción de residuos de hidrocarburos.
c) La evacuación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos en áreas rurales o urbanas
provenientes del uso industrial, residencial y/u otros.
d) El emplazamiento de industrias, parques industriales y áreas industriales.
e) La construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, acueductos, puentes aeropuertos y
puertos.
f) La generación o ampliación de plantas urbanas.
g) El uso y manejo de recursos florístico, faunístico y paisajístico, tanto terrestres como
marítimos, fluviales lacustres con fines turísticos y/o productivos.
h) La prospección, exploración, explotación, acopio e industrialización de recursos mineros y el
tratamiento y depósito de los residuos.
i) Los emprendimientos para el uso del recurso hídrico con fines turísticos y/o productivos.
j) Uso de los suelos con fines agropecuarios y afines.
k) Plantas siderúrgicas integradas.
l) Instalaciones químicas o petroquímicas integradas.
m) Las políticas, normas, decretos, leyes, reglamentaciones, ordenanzas, proyectos
económicos, etcétera, cuyas respectivas implementaciones impliquen introducción de
modificaciones a los indicadores que fije la autoridad de aplicación.
n) La contaminación de un modo significativo del suelo, el agua, el aire, la flora, el paisaje y
otros componentes relevantes tanto naturales como culturales de los ecosistemas, las que
modifiquen sensiblemente la topografía, las que alteren o destruyan directa o indirectamente
poblaciones de la flora y la fauna silvestre, las que modifiquen las márgenes, cauces, caudales,
régimen y comportamiento de las aguas superficiales y subterráneas, las que emitan directa o
indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos energéticos sensiblemente
molestos o nocivos y las que favorezcan directa o indirectamente la erosión.
o) Cualquier otro proceso de efecto degradativo para el ambiente.
p) Desguace de los emprendimientos comprendidos en la presente.
q) La reglamentación determinará y enumerará las categorías de obras, actividades o acciones,
según su riesgo presunto, fijando por vía reglamentaria los procedimientos específicos que
pudieren corresponder.
TITULO III
IMPACTO AMBIENTAL
Articulo 4º) A los fines de la presente ley, entiéndese por Evaluación de Impacto Ambiental
(E.I.A.) el procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o mitigar, las
consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al
equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos
naturales existentes en la provincia.
Artículo 5º) Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o
indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Resolución Ambiental
(R.A.), expedida por la Autoridad Ambiental provincial o por las municipalidades de la provincia,
quienes serán la autoridad de aplicación de la presente ley, según la categorización de los
proyectos que establezca la reglamentación.
Artículo 6º) La Resolución Ambiental será exigida por los organismos públicos centralizados o
descentralizados de la administración pública provincial y/o municipal con competencia en la
obra y/o actividad. Queda expresamente prohibido en el territorio de la provincia autorizar la
ejecución de las actividades comprendidas en el artículo 3 de la presente, que no cumplan
dicho recaudo, bajo pena de la aplicación de la sanciones previstas por la presente ley y sin
perjuicio de la nulidad de las actuaciones administrativas que se hubieran iniciado y de las
acciones penales contra los funcionarios intervinientes.
Artículo 7º) El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, estará integrado por las
siguientes etapas:
a) La presentación de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental y, en su caso, la ampliación
de la
b) Declaración Jurada de Impacto Ambiental.
c) Estudio de Impacto Ambiental cuando resulte pertinente.
d) La audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del
proyecto y/o donde se produzcan sus impactos.
e) El dictamen técnico.
f) La Resolución Ambiental.
Artículo 8º) A los efectos de obtener la Resolución Ambiental, el proponente de las obras o
proyectos, deberá presentar previamente ante la autoridad de aplicación jurisdiccionalmente
competente, la correspondiente Declaración Jurada que manifieste si la obra o actividad
proyectada degradará el ambiente o afectará la calidad de vida de laspersonas, conteniendo
los requisitos que establezca la reglamentación. La autoridad de aplicación podrá requerir
además, cuando las características de la obra o actividad lo requieran y con el objeto de
obtener mayores datos y precisiones, ampliación de las Declaraciones Juradas de Impacto
Ambiental, de conformidad con lo que establezca la reglamentación. Las ampliaciones de las
Declaraciones Juradas integrarán las Declaraciones Juradas de Impacto Ambiental, tendrán
igual carácter y serán suscriptas por profesionales idóneos en las materias que comprendan
que se encuentren registrados y debidamente habilitados. Cuando las consecuencias o efectos
del proyecto o actividad sean susceptibles de afectar a más de una jurisdicción territorial, la
presentación se realizará por ante la autoridad de aplicación provincial, la que convocará a los
municipios implicados con el objeto de emitir una sola Resolución Ambiental, en cuya
evaluación intervengan los entes u organismos potencialmente afectados.
Artículo 9º) La autoridad de aplicación convocará a audiencia pública cuando conforme a la
reglamentación corresponda, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estatales o
no, potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las organizaciones no
gubernamentales interesadas en la preservación de los valores ambientales que la presente ley
protege.
Artículo 10º) La autoridad de aplicación correspondiente podrá recabar el dictamen técnico de
personas reconocidamente idóneas en el tema de que se trata o de universidades o centros de
investigación públicos o privados, estatales o no, provinciales, nacionales o internacionales,
respecto a las Declaraciones Juradas de Impacto Ambiental presentadas; en tal sentido podrá
realizar las contrataciones pertinentes.
La autoridad de aplicación deberá asimismo pedir dictamen sobre la repercusión en el
ambiente a los organismos y reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales con
ingerencia y/o implicancia en el ambiente.
Artículo 11º) La autoridad de aplicación establecerá un sistema de información pública
absolutamente abierto a fin de dar publicidad a las Declaraciones Juradas de Impacto
Ambiental que le sean elevadas como así también las opiniones públicas y dictámenes técnicos
que se produzcan durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 12º) Los titulares de los proyectos de obra o actividad comprendidos en la presente
ley, podrán solicitar que se respete la debida reserva de los datos o informaciones que puedan
afectar la propiedad intelectual o industrial o legítimos intereses de carácter comercial. En tal
caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para que
las personas puedan identificar los alcances del proyecto y de los impactos ambientales
previstos.
Artículo 13º) La Resolución Ambiental sin dictamen técnico y audiencia pública previa, de
conformidad al inciso c) del artículo 7 , será nula.
Artículo 14º) Previo a la emisión de la Resolución Ambiental, la autoridad de aplicación deberá
considerar cuando estén disponibles, en los análisis de los resultados producidos en las
distintas etapas del procedimiento, los siguientes criterios:
a) El ordenamiento ecológico provincial, con sus subsistemas e interacciones.
b) Las disposiciones legales y planes de manejo de las áreas protegidas naturales y urbanas.
c) Los criterios ecológicos para la producción de la flora y de la fauna, para el aprovechamiento
racional de los recursos naturales y para la protección del ambiente.
d) Las regulaciones sobre ordenamiento territorial y todas aquellas otras conducentes a la
preservación ambiental.
e) Los objetivos de la política ambiental provincial, la cual armonizará las necesidades del
desarrollo económico y social con el sostenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la provincia.
Artículo 15º) Sin perjuicio de lo que resulte de las Declaraciones Juradas previstas en los
artículos 8 y 9 de la presente, la autoridad de aplicación puede exigir de oficio o a pedido de
terceros interesados por resolución fundada, la realización del Estudio de Impacto Ambiental de
la obra por actividad, aun cuando las mismas no estuvieren incluidas en las previsiones del
artículo 3 y su reglamentación.
Artículo 16º) Los Estudios de Impacto Ambiental para las obras o actividades comprendidas en
las actividades de mayor riesgo presunto conforme el artículo 3 in fine, contendrán como
mínimo y sin perjuicio de los requisitos que se fijen por la reglamentación, de acuerdo al tipo de
proyecto, obra o actividad de que se trate, los siguientes datos:
a) Descripción general y tecnológica del mismo.
b) Descripción del medio ambiente en que se desarrollará.
c) Descripción y cantidad de materias primas e insumos a utilizar durante su construcción,
operación, desguace y su origen.
d) Descripción y cantidad de residuos a verter durante su construcción y operación, su
tratamiento y destino, así como durante el desguace.
e) Descripción del consumo energético previsto durante la construcción y operación y fuente de
energía a utilizar.
f) Evaluación de los efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la
población humana, la flora y la fauna y los ecosistemas.
g) Evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el agua, el aire y el clima.
h) Evaluación de los mismos efectos sobre los bienes materiales e inmateriales significativos,
incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que
pudieran afectarse.
i) Descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado y
sus efectos sobre el ambiente y los recursos naturales, incluyendo el análisis de las relaciones
entre los costos económicos y sociales de cada alternativa y los efectos ambientales.
j) Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, con la debida ponderación
de sus efectos ambientales positivos y negativos, así como las medidas previstas para reducir
estos últimos almínimo posible
k) Programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante y
después de su operación o emplazamiento final.
l) Indicación de si el medio ambiente de cualquier otro Estado o de zonas que están fuera de la
jurisdicción provincial, pueden resultar afectados por la actividad propuesta o por sus
alternativas.
m) Identificación precisa del titular responsable de la obra o actividad
n) Para las demás categorías de obras o actividades, la reglamentación establecerá los
contenidos mínimos que deberán contemplar los estudios del impacto ambiental.
Artículo 17º) El Estudio de Impacto Ambiental a que se refiere el artículo 16 será realizado por
personas físicas o jurídicas debidamente habilitadas al efecto por la autoridad de aplicación
provincial y a costa del titular de la obra o actividad. Los prestadores habilitados serán
solidariamente responsables con el titular de la obra o actividad por la veracidad de los datos
de base que aporten en los estudios del impacto ambiental y en función de los cuales se
predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación. La autoridad de aplicación
de cada jurisdicción no dará curso a los estudios de impacto ambiental sometidos a su
consideración que no sean suscriptos por el titular de la obra o actividad y por el o los
prestadores habilitados en el Registro provincial.
Artículo 18º) Una vez realizada la Evaluación del Impacto Ambiental, la autoridad de aplicación
dictará la Resolución Ambiental en la que podrá :
a) Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones señalados en las
Declaraciones Juradas presentadas.
b) Autorizar la realización de la obra o actividad proyectada, pero condicionada al cumplimiento
de las instrucciones modificatorias de la obra o actividad.
c) Negar dicha autorización.
Artículo 19º) La reglamentación de la presente establecerá la modalidad del sistema de
información pública, el contenido del dictamen técnico y los plazos y modos del procedimiento
para obtener la Resolución Ambiental.
Artículo 20º) La autoridad de aplicación podrá ordenar la paralización de las obras o
actividades efectuadas sin la Resolución Ambiental.
Asimismo podrá disponer la demolición o destrucción de las obras realizadas en infracción
siendo los costos y gastos a cargo del transgresor, como asimismo el daño ambiental
producido.
Artículo 21º) La Resolución Ambiental tendrá la validez temporal que fije la reglamentación, al
término de la cual deberá ser renovada. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se produzcan
modificaciones a los parámetros que dieron origen a la Resolución Ambiental, se deber
presentar una nueva "Declaración Jurada" independientemente del tiempo transcurrido.
TITULO IV
AUTORIDAD DE APLICACION
Artículo 22º) La autoridad de aplicación de la presente ley será la Autoridad Ambiental
Provincial y los municipios que no hubieren delegado tal facultad y sus funciones serán:
a) Exigir el cumplimiento de la ley.
b) Solicitar la Declaración Jurada a las personas físicas, jurídicas, cuyas obras o acciones sean
susceptibles de degradar el ambiente.
c) Evaluar mediante la Declaración Jurada el potencial riesgo ambiental.
d) Solicitar ante el riesgo ambiental, los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes.
e) Establecer un sistema de auditoría, monitoreo, control y fiscalización.
f) Emitir la Resolución Ambiental para proseguir con la obra o acción, cuando‚ ésta
corresponda.
g) Otras que sin estar explicitadas resulten inherentes a la aplicación de la ley.
Artículo 23º) La autoridad de aplicación provincial llevará el Registro Provincial de Consultores
Ambientales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 .
Artículo 24º) Todos los organismos de la administración pública nacional, provincial y
municipal están obligados a garantizar la aplicación de la ley en el ejercicio de sus respectivas
competencias, debiendo prestar la máxima colaboración, apoyo e información a la autoridad de
aplicación. Esta delegará atribuciones por convenio para asegurar su máximo cumplimiento si
esto resultare conveniente.
Artículo 25º) La autoridad de aplicación podrá requerir todos los datos o informaciones
ampliatorias que estime conveniente a los organismos públicos. Estos deberán otorgarle la
máxima urgencia a la evacuación del informe, así como también colaborarán a través de sus
equipos técnicos cuando así lo requiera.
Artículo 26º) La autoridad de aplicación establecerá un sistema de auditoría y monitoreo
ambiental, conforme al artículo 23 inciso e), el que operará durante todas las etapas de una
obra, emprendimientos o acción. El mismo se organizará con personal propio o contratado a tal
fin.Las costas de auditoría y/o monitoreo ambiental estarán a cargo del responsable de la obra,
emprendimiento o acción cuando como resultado del mismo se verifique la presencia de un
conflicto ambiental no declarado, sin que esto sea óbice para otro tipo de sanciones que
pudieran corresponder.
Artículo 27º) Para la consecución del objeto perseguido por la presente, la autoridad de
aplicación podrá recurrir a la contratación de terceros especializados, debidamente habilitados
y registrados siempre que no exista en la administración pública provincial personal capacitado
o con posibilidades de serlo, para la obra y/o servicio de que se trate.
Artículo 28º) La reglamentación deberá establecer una categorización de proyectos en función
de la cual la Autoridad Ambiental Provincial se reservará la Evaluación de Impacto Ambiental
de aquellos emprendimientos o actividades de mayor riesgo presunto. En todos los casos
deberá solicitarse la intervención previa del municipio correspondiente.
TITULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 29º) La autoridad de aplicación queda facultada para hacer inspecciones, extraer
muestras, efectuar las determinaciones necesarias y constatar las infracciones a la presente ley
o a sus normas reglamentarias en cualquier lugar del territorio provincial, a fin de verificar sus
cumplimientos. Para ello podrá solicitar la colaboración de otros organismos oficiales, así como
el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 30º) Las infracciones a las disposiciones de la ley y sus reglamentaciones serán
sancionadas con:
a) Suspensión total o parcial de la Resolución Ambiental por un plazo establecido y limitado por
la autoridad de aplicación para la corrección de los problemas o deficiencias.
b) Suspensión total o parcial de la Resolución Ambiental, con clausura del emprendimiento.
c) Caducidad definitiva de la Autorización Ambiental.
d) Orden de destrucción y/o neutralización de materiales y/o productos que degraden el
ambiente conforme a los medios técnicos y legales permitidos.
e) Aplicación de multas en forma principal o complementaria a los ítems a), b), c) y d) de este
artículo. Sus montos mínimos y máximos oscilarán entre 20 y 2.000 sueldos mínimos de la
administración pública provincial.
A los efectos de determinar la misma, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la
gravedad de la transgresión, el daño presente y futuro realizado al medio ambiente y la
existencia de dolo o culpa por parte del infractor. En caso de reincidencia, la multa a aplicarse
podrá ser elevada hasta el duplo del monto máximo determinado en el inciso e) mediante
resolución fundada de la autoridad de aplicación.
Artículo 31º) Dichas sanciones serán impuestas por la autoridad de aplicación, quien realizará
el correspondiente sumario con sujeción a las normas de la presente y de la ley N 2938 de
procedimientos administrativos y sin perjuicio de la acción criminal contra el infractor en caso
de que su conducta se encuadre en el Código Penal y de las acciones civiles que pudieren
corresponder.
Artículo 32º) Para la calificación de la conducta del infractor y la graduación de las sanciones,
se tendrá en cuenta:
a) El carácter doloso o culposo de la infracción.
b) La magnitud del daño o peligro ambiental creado.
c) La reincidencia.
Artículo 33º) Mientras se sustancia el sumario administrativo, la autoridad de aplicación podrá
disponer, con carácter preventivo, la clausura temporaria, total o parcial de los establecimientos
o el cese de la actividad susceptible de degradar el ambiente.
Artículo 34º) Los costos que demande la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental y
eventual contrato de especialistas, así como también auditorías y/o monitoreos para constatar
la presunción de conflictos ambientales, se facturarán a cargo del responsable legal de la obra,
emprendimiento o acción producto del conflicto, trasladando directamente el costo de la
contratación o por medio de una tasa retributiva conforme las facultades otorgadas por el
artículo 37 de la presente.
Artículo 35º) Quien provoque daños reversibles o irreversibles al ambiente en general o a sus
componentes en particular, en forma dolosa o culposa, será responsable de los costos de
mitigación, reparación, minimización de los daños provocados, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que pudieren corresponder.
TITULO VI
FONDOS PRESUPUESTARIOS
Artículo 36º) La autoridad de aplicación provincial y municipal de la ley, quedan facultadas
para aplicar tasas en concepto de retribución por:
a) Declaración Jurada.
b) Estudios de Impacto Ambiental.
c) Resolución Ambiental.
d) Renovación de Resolución Ambiental periódica de acuerdo a los parámetros que fije la
reglamentación.
e) Por habilitación de consultores para realizar Declaraciones Juradas y Estudios de Impacto
Ambiental en forma anual
.Exceptúase a los municipios de lo dispuesto en el inciso e).
Artículo 37º) Créase el Fondo Provincial de Protección Ambiental que deber contar con una
cuenta especial y ser administrado por la autoridad de aplicación de la presente. En dicha
cuenta se acreditarán los fondos recaudados por los distintos conceptos que en la presente se
autorizan, donaciones, legados y aportes provinciales, nacionales e internacionales, sean
públicos o del sector privado, así como los ingresos por convenio que se estimen necesarios, el
arancelamiento de servicios en general y la producción de bienes, todo ello destinado a los
fines de la presente ley.
El fondo complementará las partidas presupuestarias asignadas por el Estado Provincial y será
destinado a los gastos e inversiones que demanden las acciones específicas de fiscalización,
control, capacitación e investigación. El remanente de los fondos no utilizados en un ejercicio
pasará al siguiente.
Artículo 38º) Los municipios que sean autoridad de aplicación de la presente podrán crear en
su jurisdicción un Fondo Especial de Protección Ambiental que contará como mínimo con los
recursos provenientes de las tasas y las multas que por la presente perciban.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 39º) Los emprendimientos, obras o acciones comprendidos en el artículo 3 , que al
momento de sancionarse la presente se encuentren operando con autorización ambiental, pero
exista la presunción de conflicto ambiental o denuncia fundada de terceros y por escrito o
accidente o catástrofe, serán verificados de oficio por la autoridad de aplicación y sometidos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la presente ley.
Artículo 40º) La Autoridad Ambiental deberá realizar un relevamiento de los emprendimientos,
obras o acciones que se encuentren operando sin autorización ambiental con la colaboración
de los municipios dentro de los ciento veinte (120) días de reglamentada esta ley.Una vez
realizado el relevamiento deberán regularizar su situación, conforme a la presente en el plazo
que la autoridad de aplicación fije, de acuerdo al peligro presunto de la actividad desarrollada,
la antigüedad del emprendimiento y demás parámetros que a su juicio sean relevantes.
Si transcurridos veinticuatro (24) meses de sancionada la presente, una obra, emprendimiento
o actividad continúa operando sin autorización, la autoridad de aplicación podrá ordenar sin
más el cese de la actividad originante del daño sin perjuicio de las demás sanciones o multas
previstas en esta ley.
TITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 41º) Los municipios podrán convenir dentro de los noventa (90) días de reglamentada
la presente, con la Autoridad de Aplicación Provincial, la delegación de las funciones que por la
presente les correspondan. En caso de no realizar la delegación dentro del plazo prescrito, se
entenderá que cumplirán las funciones que surgen de la presente por sí.
Artículo 42º) La presente será reglamentada dentro de los sesenta (60) días de sancionada.
Artículo 43º) Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la autoridad de aplicación por la
presente, subsistirán las competencias de los distintos organismos sobre sus materias
específicas.
Artículo 44º) Derógase la ley N 2342 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 45º) Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.